Modernización de la Dirección del Trabajo y al Sistema de Calificación de Servicios Mínimos

Original en El Mercurio Legal.

El día 31 de julio pasado el Ejecutivo presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que moderniza la “Institucionalidad Laboral Vigente”, lo que para muchos ha sido un sinónimo de la modernización de la Dirección del Trabajo, pero la propuesta es más ambiciosa aún, ya que también busca perfeccionar el procedimiento de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, incorporando cambios que ayudan a un proceso más trasparente, más técnico y con una normativa que fomenta el diálogo entre los trabajadores y la empresa.

Uno de los puntos de la reforma laboral de la administración anterior, que finalizó con más áreas grises, fue la figura de los servicios mínimos, quedando su calificación a la buena voluntad de todos los sindicatos de la empresa (que debían ponerse unánimemente de acuerdo con el empleador) o a la decisión de la Dirección del Trabajo, la que en muchos casos no tenía el conocimiento técnico para poder determinarlos. ¿Cuál es la necesidad de un pabellón oftalmológico ¿Cuál es el perjuicio social de mantener cerrado un colegio de niños vulnerables que estarán en la calle si no van al colegio? ¿Cuáles son los riesgos ambientales de una huelga en una piscicultura? Todas ellas son preguntas que debe contestar la Dirección del Trabajo al momento de hacer la calificación de servicios mínimos, asunto que creo excede sus competencias y conocimientos. El tema no es menor, más aún cuando las calificaciones de servicios mínimos han tenido un tinte más político que técnico.

Aquí vienen las buenas noticias, que ilusionan a los escépticos: el proyecto recién ingresado clarifica y amplía el pequeño grupo de empresas que pueden requerir de equipos de emergencia, incorporando el sentido común a situaciones que podían generar un daño a trabajadores y a la población en general. A mi juicio, la propuesta es más explícita en la posibilidad de solicitar servicios mínimos en espacios de la empresa como recursos humanos, contabilidad y prevención de riesgos, y también en áreas como transporte, del ámbito farmacéutico, educacional, asistencial, por decir algunos. Esta apertura, unida a la posibilidad que ahora da el proyecto de permitir la calificación por establecimiento, es un paso importante para distinguir realidades distintas en áreas básicas, lo que permite ejercer el derecho a huelga sin afectar a la población. Así, no podremos confundir la necesidad de una farmacia en el sector oriente de Santiago con una en la región de Arica-Parinacota, donde el 75% de las comunas no tiene una.

Otro aspecto importante es que los acuerdos en materia de servicios mínimos se deberán hacer con los sindicatos que representen la mayoría de los trabajadores y no con la totalidad de ellos, lo que también es un avance importante porque en la práctica esto permitía la “dictadura de las minorías”, que gozaban de todo el poder, teniendo muy poca o ninguna representación en algunas empresas.

El proyecto incluye también una excelente ayuda a la Dirección del Trabajo en caso de no llegar a acuerdo entre la empresa y el sindicato: un panel técnico de expertos que determinará los servicios mínimos de las empresas de más de 200 trabajadores. Así se evitan los temores de una decisión más ideológica y permite poder hacer descargos técnicos, en el mismo vocabulario.

Los cambios propuestos por el Gobierno son buenas noticias para aquellos sindicatos y empleadores que buscan tener una relación constructiva, donde el choque y el conflicto no es deseado. Pensar que todos los empleadores buscan perjudicar a los trabajadores es tan equivocado como decir que los trabajadores requieren siempre de un tercero que decida por ellos. Algo de eso tiene la ley vigente en esta materia y estos cambios ayudarán a construir una relación fluida y a mejorar el ambiente laboral en nuestros lugares de trabajo.

Ojalá que los sindicatos y la empresa siempre se pudieran poner de acuerdo y no fuera necesaria la intervención de un tercero, que muchas veces no conoce la realidad de donde se trabaja. Esto debe fomentar la ley y creo que con un cambio de estas características, la recalificación de servicios mínimos, especialmente con la posibilidad de acordarlos por establecimiento, va a un aumento sustancial de los acuerdos entre empresas y sindicatos, sin que deba intervenir la Dirección del Trabajo ni los tribunales, y en caso que lo hagan, el resultado será más objetivo e informado, lo que siempre ayuda a una buena relación entre las partes.

 

Sebastián Parga. 

Canales Parga Abogados. 

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